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Requisitos legales y documentación jurídica

Para centros docentes en España

  • Empresario individual: DNI, o documento análogo.
  • Empresario persona jurídica: escritura de constitución de la sociedad (y/o modificación de la misma) en la que conste que su objeto social está relacionado con la enseñanza y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito sea exigible por la legislación mercantil. Si no lo es, se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constarán las normas por las que se regule su actividad, inscritos en su caso en el correspondiente registro oficial.
  • En caso de que el solicitante actúe en representación: escritura de apoderamiento, debidamente inscrita, en su caso, en el Registro Mercantil, y DNI y NIF (o documentos análogos) del representante legal del centro.
  • Licencia municipal de actividad o apertura de establecimiento.
  • En el caso de no estar exento, último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
  • Si el centro dispone de él, documento de titularidad (Registro de Marcas) de la denominación comercial (cuando sea diferente a la de la sociedad o empresario) o documento equivalente.
  • Declaración responsable del titular del centro respecto de los siguientes aspectos: 1) no estar incurso en ninguno de los casos de incompatibilidad o incapacidad a que se refiere el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; 2) de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social; 3) de estar al corriente de las obligaciones tributarias referidas a los doce meses anteriores; 4) de tener una cifra de negocios inferior a la establecida en el artículo 82.1.c del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por tanto se encuentra exenta del pago del IAE.

Para centros docentes de estados miembros de la Unión Europea y de estados signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

  • Certificación que acredite su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este registro sea exigido por la legislación del estado respectivo o, en su defecto, declaración responsable de la inexistencia del registro o de la falta de obligatoriedad de la inscripción. En este último caso aportará los documentos constitutivos del centro.
  • Documento que acredite la capacidad de actuar como representante legal del centro y DNI o documento análogo del representante legal del centro.
  • Declaración responsable de: 1) que el centro y sus instalaciones reúnen los requisitos legales para el desarrollo de la actividad y se encuentra autorizado por la legislación vigente del país; 2) que la sociedad está legitimada para el uso de la denominación comercial del centro, en el caso de que esta sea distinta de la denominación social; 3) que la sociedad se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir en relación con el contrato que, en su caso, suscriba con el Instituto Cervantes.

Para centros docentes en el resto del mundo

  • Informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio del centro. En dicho informe constará que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades de la enseñanza de lenguas. En su defecto, declaración responsable del centro de inexistencia del registro o de falta de obligatoriedad de la inscripción y documentos constitutivos de la sociedad.
  • Documento que acredite la capacidad de actuar como representante legal del centro y DNI o documento análogo del representante legal del centro solicitante.
  • Declaración responsable de: 1) que el centro y sus instalaciones reúnen los requisitos legales para el desarrollo de la actividad y se encuentra autorizado por la legislación vigente del país; 2) que la sociedad está legitimada para el uso de la denominación comercial del centro, en el caso de que esta sea distinta de la denominación social; 3) que la sociedad se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir en relación con el contrato que, en su caso, suscriba con el Instituto Cervantes.
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